- Fortalecimiento del Sistema de Salud y brechas de disponibilidad presupuestaria para VIH y TB fueron abordados durante el encuentro en Palacio de López.
- Ayuda del Fondo Mundial para el país culmina a finales del 2021.
- Trabajar de manera intersectorial en un presupuesto destinado a estas enfermedades infecciosas es una de las mayores urgencias.
El Presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se reunió esta mañana con el Ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Dr. Julio Mazzoleni; el Dr. Guillermo Sequera, Director Gral. de Vigilancia de la Salud; y el Dr. Filipo Iarrera, gerente de Portafolio Latinoamérica y el Caribe (LAC), para dialogar sobre la necesidad de continuar fortaleciendo el sistema de salud y lograr uno más integrado que responda eficazmente a las necesidades de la población y en la respuesta nacional del VIH y la tuberculosis.
Una de las prioridades del gobierno es aumentar las Unidades de Salud de la Familia (USF) para mejorar el acceso de las familias a la atención primaria. Según explicó Iarrea, esto contribuirá en gran manera a la detección y notificación de casos de estas enfermedades infecciosas, para luego derivar a los pacientes a niveles de mayor complejidad, en caso que lo requieran.
“Hemos hecho énfasis sobre todo en TB que actualmente registra una urgencia mayor en términos de financiamiento”, señaló Iarrea quien indicó que el único financiador externo de la tuberculosis en Paraguay es el Fondo Mundial. Admitió que existen brechas de entre 50 y 60 millones de dólares para dar respuesta a esta patología en los próximos cinco años, ya que la subvención para el país por parte del Fondo Mundial se retira a inicios del 2022.
“La TB tiene un impacto económico sobre el crecimiento de la nación bastante importante. Estamos hablando de 0.3 billones de dólares a lo largo de los próximos 15 años si no se logra aumentar el financiamiento local y no se logran los resultados cumpliendo con las metas de la Agenda 2030”, declaró.
Asimismo, se puso en relieve la importancia de mantener enlaces con la sociedad civil, en la vinculación con los servicios y en la captación de pacientes; contar con un enfoque multisectorial, multicultural y de respeto a los derechos humanos para el abordaje de la enfermedad, como el caso de las comunidades indígenas y las personas privadas de libertad.
